El Plan de Acción de Género y Cambio Climático para República Dominicana (PAGCC-RD) es el resultado de un proceso de coordinación nacional que tuvo lugar entre septiembre de 2016 y marzo de 2017, en el que participaron instituciones del sector público y privado, representantes de la academia y representantes de la sociedad civil, en un ejercicio de construcción colectiva y consensuada, con el fin que se reconozcan la igualdad de género en las políticas y estrategias a nivel nacional sobre el cambio climático.
El proceso fue liderado por el Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio (CNCCMDL) a través de un comité de coordinación nacional, donde se contó con la facilitación y el acompañamiento de la Oficina Global de Género (GGO) de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), y el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).
La República Dominicana se encuentra dentro de las diez naciones más afectadas por eventos climáticos en el mundo entero, y, en materia de igualdad de género, es el cuarto país con mayor desigualdad de América Latina y el Caribe, después de Haití, Panamá y Guatemala.
Si bien las mujeres tienen capacidades importantes como agentes de transformación, también tienen vulnerabilidades específicas que tienden a exacerbarse en presencia de fenómenos climáticos extremos porque normalmente ellas tienen menos oportunidades en el acceso y control de los recursos.
Para disminuir estas desigualdades, y con ellas las vulnerabilidades, se propusieron las siguientes acciones: aplicar expresamente el enfoque de género a la gestión de desastres (la seguridad económica, la seguridad sanitaria, la seguridad física y la seguridad sexual de la mujeres se ven más amenazadas en situaciones de desastre); combatir la prevalencia de enfermedades como el dengue, el zika y la chicungunya en las mujeres; incluir el enfoque de género y cambio climático en el anteproyecto de Ley de Agua; poner en marcha un plan permanente de reforestación de cuencas en el que las mujeres participen activamente; reforzar el enfoque de género en las políticas del sector pesquero (las mujeres tienen muy poca participación en los procesos de planificación, programación y gestión de esta actividad); proponer una línea de financiamiento específica para apoyar actividades forestales dirigidas por mujeres; diseñar proyectos de educación técnica dirigidos a mujeres para enseñarles a construir infraestructura comunitaria a partir de residuos; incentivar la participación de las mujeres en la construcción de infraestructura sostenible y resiliente al cambio climático; crear programas de formación técnica que capaciten a las mujeres rurales como líderes y como multiplicadoras de iniciativas de producción amigable con el ambiente y compatible con el cambio climático; incluir el enfoque de género y cambio climático en la legislación que norma el sector turismo; capacitar a las mujeres de las zonas rurales en la instalación de sistemas de energía renovable; reconocer la titularidad compartida, y empoderar económicamente a las mujeres que viven en las zonas costeras más vulnerables al cambio climático.
Por otra parte, el proceso dejó evidenciado la necesidad de más información desagregada por sexo en todos los sectores. Por ejemplo, el país utiliza un Índice de Pobreza Energética, pero la información no se desagrega por sexo ni se aplica con enfoque de género. Por ejemplo, convendría saber cuántas mujeres se dedican a las tareas de reciclaje de residuos; conocer más sobre el impacto diferenciado de los gases de efecto invernadero en la salud; y evaluar las necesidades de nutrición de la población dominicana en presencia del cambio climático, con enfoque de intersecionalidad.
Finalmente, cabe recordar que el PAGCC-RD se encuentra directamente articulado a la Ley 01-12 de la Estrategia Nacional de Desarrollo, el Decreto 269-15 sobre la Política Nacional de Cambio Climático y la Contribución Nacional Determinada (NDC, por sus siglas en ingles), así como a otros instrumentos que promueven las instituciones gubernamentales responsables de construir políticas públicas que apuntan a lograr la igualdad de género en el contexto de la mitigación y adaptación al cambio climático en las próximas décadas.
